Patricia Somorcurcio es peruana y reside en Hartford hace más de una década. Tiene una hija de 4 años con diagnóstico de autismo grado 1, que participa de un programa de terapia del habla y de la conducta para niños con necesidades especiales.
Somorcurcio expresó lo complicado que le resulta encontrar un programa que acepte el seguro HUSKY, ya que muchos proveedores no están dispuestos a trabajar con este seguro estatal.
“No son muchos los lugares que aceptan el seguro estatal. Algunos ni siquiera aceptan seguros privados y esperan que las familias paguen cada sesión de su propio bolsillo”, explica Somorcurcio. “Pago aproximadamente $500 mensuales y considero que estos programas deberían ser gratuitos para los niños”.
Somorcurcio señaló que ha notado una alta demanda por parte de familias de niños con necesidades especiales que buscan programas y recursos asequibles para sus hijos.
“Creo que deberían existir programas completos enfocados en terapias de la conducta y del habla que no estén divididas”, dijo Somorcurcio. “Debería haber más programas a nivel estatal ya que no dan abasto debido a la alta demanda”.
Los proveedores de servicios de cuidado infantil y defensores expresan su preocupación ante el hecho de que los fondos concedidos tras la pandemia, pese a proporcionar cierto alivio, no consiguen solucionar la arraigada crisis que atraviesa el sistema de cuidado infantil.
A finales del año pasado, el panel de expertos sobre el cuidado infantil, Blue Ribbon Panel on Child Care, del gobernador Ned Lamont presentó un plan estratégico a cinco años que da prioridad al acceso equitativo al cuidado infantil y a la educación temprana, enfocado en la equidad, calidad, asequibilidad, estabilidad de quienes prestan estos servicios y al insumo de la comunidad.
Lauren Ruth, investigadora de la organización sin fines de lucro CT Voices for Children, destacó que su investigación se podría utilizar para dar mayor solidez a las recomendaciones del plan con el fin de aligerar la carga de las familias trabajadoras e inmigrantes, y de los cuidadores poco remunerados.
“Es verdaderamente importante ayudar a los educadores de la niñez temprana a desarrollar los conocimientos que necesitan para brindar apoyo a aquellos niños que están desarrollando necesidades especiales. Los docentes auxiliares también merecen un salario digno que reconozca el tiempo que le dedican a la labor que llevan a cabo diariamente”, señaló Ruth.
El de CT Voices for Children subraya la necesidad apremiante de contar con un sistema de cuidado infantil y educación temprana (ECE, por sus siglas en inglés) robusto, y cita los desafíos de acceso, asequibilidad y calidad que enfrentan. El informe encontró que ϳԹ continúa enfrentando problemas persistentes que afectan sobre todo a las mujeres de color, la productividad de los padres y la educación de los niños.
Los altos costos de cuidado infantil en ϳԹ sitúan al estado en el tercer lugar a nivel nacional, lo cual representa un obstáculo. Según la organización sin fines de lucro, abordar las carencias de 45,730 niños de ϳԹ es crucial, pues le cuesta al estado entre $1.3 y $1.9 mil millones al año, afecta de manera desproporcionada a las familias marginadas y limita el desarrollo profesional de los padres.
Los defensores sostienen que si el estado sigue sus recomendaciones, el gasto público de $716 millones proyectados para el 2023 se considera prudente. CT Voices for Children ha estimado que así se evitarían pérdidas de $860 por cada padre trabajador.
El estudio también destaca la escasez de personal, los problemas de suministros y las dificultades financieras que afectan a quienes prestan servicios de cuidado infantil, y que se han agravado tras el fin de las ayudas federales por COVID-19. El copago familiar Care 4 Kids se suma a los retos que enfrentan los proveedores de servicios de cuidado infantil, llevándoles a operar con pérdidas. Estos centros dependen de subsidios que a menudo no cubren los verdaderos costos, lo cual hace evidente la necesidad de una solución integral y sostenible.
CT Voices indica que su propuesta sobre un Fondo Universal (UF, por sus siglas en inglés) para el cuidado infantil sea adoptada a principios del 2025, para lograr las metas de mejorar las condiciones de la fuerza laboral, alinear los requisitos para obtener licencias y apoyar el desarrollo profesional.
Entre las iniciativas figuran estipendios, subsidios y subvenciones para suplir las necesidades de la fuerza laboral y mejorar el acceso a los servicios de cuidado infantil. Las estrategias se enfocan en los puntos donde se pierden beneficios, en el alineamiento de los reglamentos para subsidios, en la expansión del cuidado de infantes y niños pequeños, y en el apoyo a las organizaciones. El plan destaca el compromiso y la participación de los padres así como modelos fiscales flexibles para las inversiones escalonadas y el compromiso empresarial.
“Serán nuestros funcionarios electos quienes finalmente decidan y estén de acuerdo con que el cuidado infantil y la educación temprana, siendo una infraestructura esencial, reciban los fondos por ello”, dijo Emily Byrne, directora ejecutiva de CT Voices. “Nuestro objetivo final es que haya acceso universal a [servicios de] cuidado infantil y educación temprana asequibles y de alta calidad”.